Logotipo de Ovoprot, la patronal esclavista que se hará cargo de Cresta Roja.
Horas cruciales están viviendo los trabajadores de Rasic/Cresta
Roja y sus familias luego de confirmarse que la jueza Valeria Pérez Casado otorgó
la operación de la empresa a un consorcio integrado por Ovoprot Internacional
SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau.
Sin embargo esta funcionaria judicial, que entiende en el
proceso de quiebra, nada dijo acerca de los salarios, aguinaldos y vacaciones
adeudados por el grupo Rasic y mucho menos sobre la continuidad del 100 por
ciento del plantel laboral.
Por el contrario, el escrito judicial plantea que durante el
período inicial los operarios solamente cobrarán los Repro o subsidios del
gobierno nacional.
Además dice que: "progresivamente se irían incorporando
los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la
explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a
constituirse".
Este es un primer paso al servicio de despedir y ajustar, ya
que se plantea que la continuidad laboral de todos recién sería posible cuando
se faenen 400 mil pollos diarios, una cantidad que solamente se alcanzó en las
épocas en que se exportaban pollos a Venezuela.
¡Esta es una clara maniobra para dejar afuera a cientos de
compañeros y hacer trabajar como bestias a los que “tengan la suerte de seguir
trabajando…”! No es casualidad, porque Ovoprot tiene varias denuncias en su
contra por utilizar trabajadores esclavos (ver nota aparte).
Esta situación obliga a convocar rápidamente a una asamblea
de las plantas de faena y los trabajadores del campo e incubación para votar
las medidas de lucha que hagan falta para frenar estos intentos de hacerles
pagar a los compañeros una crisis que no provocaron.
Nadie puede quedar afuera y se deben mantener tanto el
convenio como todas las conquistas. Para eso hay que retomar la lucha entre
todos los trabajadores de la industria avícola relacionada a Rasic y exigiéndole
al sindicato un paro de las empresas alimenticias.
Hay que seguir coordinando con las organizaciones con los cuales
se organizó la marcha a Plaza de Mayo, poniendo en marcha con todas ellas un gran
fondo de lucha para cubrir los salarios de los compañeros más necesitados.
Contra el argumento de que no se podría garantizar la incorporación
del conjunto debido a la “imposibilidad de faenar con los mismos niveles que antes”
hay que proponer que se repartan las horas de trabajo entre todos, pero sin
rebajas salariales ni aumento de los ritmos.
Mientras tanto… ¡Que sea el estado quien se haga cargo de
pagar lo adeudado y de cubrir la totalidad de los sueldos de todos
los compañeros, ya que fue el estado -junto con la patronal- uno de los
responsables principales de la crisis de Cresta Roja!
Compañeros… ¡Nadie va a regalarles nada! ¡Nada se obtendrá
sin luchar! Pero tampoco, ¡Ninguna lucha se llevará a fondo sin el compromiso y
la decisión de la mayoría de los trabajadores, participando en las asambleas y
tomando en serio las medidas que allí se resuelvan!
Ovoprot S.A. denunciada por
explotación laboral
jueves, 9 de julio de 2009 (fuente: http://chicosesclavosenargentina.blogspot.com.ar)
María Belén Gerbaudo (10/10/2008). Los abogados, Pablo
Sernani y Rodolfo García, que en su momento demandaron a la empresa Nuestra
Huella S.A. por trabajo infantil y explotación laboral, denunciaron ante la
justicia federal a las empresas Ovoprot Internacional, Ovoprot Argentina,
Carrefour, Wall Mart, Coto y Disco para determinar el grado de responsabilidad
de estas empresas respecto de los trabajadores explotados.
En la demanda, se presenta constancias fehacientes de
reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, explotación laboral infantil,
muertes e intoxicaciones por el uso de los agroquímicos prescriptos por la
empresa Ovoprot S.A. a través de sus veterinarios. trata de personas,
defraudación impositiva al fisco, a las que se le suman indicios a investigar
con la participación especial de miembros de la Gendarmería Nacional por razones
que se expusieron en la referida denuncia.
La denuncia pretende demostrar el grado de participación de
las empresas demandadas en las conductas ilícitas que desembocaron en presuntas
violaciones a los derechos humanos de esos trabajadores.
Los hechos ilícitos que imputarían a los denunciados
implican y abarcan, desde la comisión de delitos previstos en el Código Penal
Argentino, asociaciones ilícitas que permitieron defraudaciones fiscales y
patrimoniales de envergadura superlativa, hasta las violaciones de tratados
internacionales de Derechos Humanos previstos en artículos de la Constitución
Nacional.
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