jueves, 31 de diciembre de 2015

Cresta roja Ni ajuste, ni flexibilización laboral, ni despidos… ¡Todos adentro!

Logotipo de Ovoprot, la patronal esclavista que se hará cargo de Cresta Roja.

Horas cruciales están viviendo los trabajadores de Rasic/Cresta Roja y sus familias luego de confirmarse que la jueza Valeria Pérez Casado otorgó la operación de la empresa a un consorcio integrado por Ovoprot Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau.
Sin embargo esta funcionaria judicial, que entiende en el proceso de quiebra, nada dijo acerca de los salarios, aguinaldos y vacaciones adeudados por el grupo Rasic y mucho menos sobre la continuidad del 100 por ciento del plantel laboral.
Por el contrario, el escrito judicial plantea que durante el período inicial los operarios solamente cobrarán los Repro o subsidios del gobierno nacional.
Además dice que: "progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse".
Este es un primer paso al servicio de despedir y ajustar, ya que se plantea que la continuidad laboral de todos recién sería posible cuando se faenen 400 mil pollos diarios, una cantidad que solamente se alcanzó en las épocas en que se exportaban pollos a Venezuela.
¡Esta es una clara maniobra para dejar afuera a cientos de compañeros y hacer trabajar como bestias a los que “tengan la suerte de seguir trabajando…”! No es casualidad, porque Ovoprot tiene varias denuncias en su contra por utilizar trabajadores esclavos (ver nota aparte).
Esta situación obliga a convocar rápidamente a una asamblea de las plantas de faena y los trabajadores del campo e incubación para votar las medidas de lucha que hagan falta para frenar estos intentos de hacerles pagar a los compañeros una crisis que no provocaron.
Nadie puede quedar afuera y se deben mantener tanto el convenio como todas las conquistas. Para eso hay que retomar la lucha entre todos los trabajadores de la industria avícola relacionada a Rasic y exigiéndole al sindicato un paro de las empresas alimenticias.
Hay que seguir coordinando con las organizaciones con los cuales se organizó la marcha a Plaza de Mayo, poniendo en marcha con todas ellas un gran fondo de lucha para cubrir los salarios de los compañeros más necesitados.
Contra el argumento de que no se podría garantizar la incorporación del conjunto debido a la “imposibilidad de faenar con los mismos niveles que antes” hay que proponer que se repartan las horas de trabajo entre todos, pero sin rebajas salariales ni aumento de los ritmos.
Mientras tanto… ¡Que sea el estado quien se haga cargo de pagar lo adeudado y de cubrir la totalidad de los sueldos de todos los compañeros, ya que fue el estado -junto con la patronal- uno de los responsables principales de la crisis de Cresta Roja!
Compañeros… ¡Nadie va a regalarles nada! ¡Nada se obtendrá sin luchar! Pero tampoco, ¡Ninguna lucha se llevará a fondo sin el compromiso y la decisión de la mayoría de los trabajadores, participando en las asambleas y tomando en serio las medidas que allí se resuelvan!
Ovoprot S.A. denunciada por explotación laboral
jueves, 9 de julio de 2009 (fuente: http://chicosesclavosenargentina.blogspot.com.ar)
María Belén Gerbaudo (10/10/2008). Los abogados, Pablo Sernani y Rodolfo García, que en su momento demandaron a la empresa Nuestra Huella S.A. por trabajo infantil y explotación laboral, denunciaron ante la justicia federal a las empresas Ovoprot Internacional, Ovoprot Argentina, Carrefour, Wall Mart, Coto y Disco para determinar el grado de responsabilidad de estas empresas respecto de los trabajadores explotados.
En la demanda, se presenta constancias fehacientes de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, explotación laboral infantil, muertes e intoxicaciones por el uso de los agroquímicos prescriptos por la empresa Ovoprot S.A. a través de sus veterinarios. trata de personas, defraudación impositiva al fisco, a las que se le suman indicios a investigar con la participación especial de miembros de la Gendarmería Nacional por razones que se expusieron en la referida denuncia.
La denuncia pretende demostrar el grado de participación de las empresas demandadas en las conductas ilícitas que desembocaron en presuntas violaciones a los derechos humanos de esos trabajadores.
Los hechos ilícitos que imputarían a los denunciados implican y abarcan, desde la comisión de delitos previstos en el Código Penal Argentino, asociaciones ilícitas que permitieron defraudaciones fiscales y patrimoniales de envergadura superlativa, hasta las violaciones de tratados internacionales de Derechos Humanos previstos en artículos de la Constitución Nacional.

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